La evaluación de las políticas públicas tiene come objetivo producir conocimientos sobre políticas determinadas. Generalmente se refiere a una medida o dispositivo especifico, y se lleva a cabo con el objetivo de mejorar su aplicación y orientar la toma de decisiones en el futuro. Este enfoque permite valorar la pertinencia de la política como respuesta a las necesidades de la sociedad, así como su eficacia con respecto a los objetivos iniciales.
El proceso de evaluación comienza con la fase de diseño de la política, mediante la definición de objetivos claros y medibles. La experimentación, incluso antes de la implementación de una medida pública, permite probarla en condiciones controladas e informar al responsable público sobre la conveniencia de su generalización. Una cultura de la evaluación permite diseñar adecuadamente una política desde el inicio, al permitir conocer los impactos esperados, incluso más allá de las decisiones futuras que orienta.
En el marco del programa de estudios e investigación de la Delegación de Seguridad Vial (DSR) se contempla un eje dedicado a la evaluación prioritaria de las medidas de seguridad vial y a la planificación prospectiva. La realización de un inventario y análisis de los informes de evaluación existentes sobre las medidas de seguridad vial de la última década, confrontados con los resultados de la siniestralidad, permite determinar los ámbitos políticos en los que es necesario intensificar el proceso de evaluación. El programa de evaluación se elabora en función de las principales temáticas de siniestralidad (tipologías de usuarios, infraestructuras, factores de comportamiento) y con respecto a los perímetros ministeriales implicados en la política de seguridad vial (transportes, justicia, salud, trabajo, educación, etc.).
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